Medidas legales para enfrentar el hambre y la inseguridad alimentaria

La Ley 2536 del 19 de agosto de 2025 creó medidas de política pública para luchar contra el hambre y la inseguridad alimentaria, enmarcadas en el derecho humano a una alimentación y nutrición adecuadas y en la soberanía alimentaria. También incorporó medidas complementarias para incentivar la donación de alimentos y enfrentar la pérdida y el desperdicio. La ley reconoce que la inseguridad alimentaria no depende de un único factor: puede estar relacionada con ingresos insuficientes, dificultades de distribución, disponibilidad de alimentos, pérdidas en la cadena de suministro y barreras territoriales.

La Ley 2536 de 2025 aborda medidas frente al hambre y la inseguridad alimentaria.

La Ley 2536 establece un marco nacional de actuación

Entre sus herramientas se encuentra la creación del Fondo Nacional para la Lucha contra el Hambre, la Inseguridad Alimentaria y el Desperdicio de Alimentos, concebido como un patrimonio autónomo para financiar planes, programas y proyectos vinculados con la política pública. La ley también ordenó unificar procedimientos para la donación de alimentos aptos para consumo humano y promover campañas de información y pedagogía. Además, ajustó el marco de prevención del desperdicio de alimentos y contempló consecuencias sancionatorias para ciertas conductas, con criterios diferenciados conforme al tamaño y naturaleza de los responsables.

Entidades responsables y canales oficiales

La norma no constituye por sí sola una convocatoria abierta de ayudas ni crea un pago individual para toda persona con dificultades económicas. Su efecto depende de la formulación de programas, la asignación de recursos, la coordinación entre entidades nacionales y territoriales y la reglamentación de los procedimientos previstos. Las organizaciones que donan alimentos deben atender condiciones sanitarias y de trazabilidad, mientras que los posibles beneficiarios deben informarse por canales institucionales sobre los programas sociales existentes. La ley fortalece el marco público y la participación de distintos actores para enfrentar el hambre y reducir el desperdicio.

Las medidas para afrontar el hambre y la inseguridad alimentaria pueden involucrar instrumentos de coordinación, caracterización de población y provisión de apoyos, pero su efecto depende de cómo se ejecuten en territorio. La ley debe leerse junto con competencias institucionales, programas existentes y disponibilidad presupuestal. Una declaración de prioridad no garantiza automáticamente que un hogar quede inscrito o reciba alimentos; para ello deben identificarse los mecanismos operativos y criterios de acceso. El seguimiento público debe distinguir entre la creación del marco legal, el gasto ejecutado y los resultados concretos de cobertura.

Alcance jurídico y efectos de la decisión

La Ley 2536 de 2025 plantea medidas para combatir el hambre y la inseguridad alimentaria desde un marco de actuación pública. La inseguridad alimentaria no se reduce únicamente a la falta absoluta de alimentos: puede incluir dificultades sostenidas para acceder a alimentos suficientes, nutritivos y adecuados por razones económicas, geográficas o sociales. La norma debe leerse junto con las políticas de seguridad alimentaria, las competencias de las entidades territoriales y los programas públicos que se implementen para cumplir sus objetivos.

La existencia de un marco legal no significa que cada hogar tenga derecho a una transferencia monetaria específica ni que la ley cree automáticamente un programa con cobertura nacional inmediata. El acceso a apoyos concretos puede depender de focalización, presupuesto, registros, criterios de población y convocatorias. Las entidades responsables deben desarrollar las medidas de acuerdo con las funciones que les asigna la ley y con los recursos disponibles, y la evaluación debe observar resultados en cobertura y acceso, no solo anuncios institucionales.

Para ciudadanos y organizaciones comunitarias, la ruta práctica consiste en identificar los programas vigentes de alimentación, asistencia social o atención territorial y consultar los requisitos directamente con la entidad competente. Cuando se solicita un apoyo, deben conservarse la radicación y la respuesta. Si existe una situación urgente de desnutrición o riesgo para niños o personas mayores, el canal de atención social y sanitaria aplicable debe activarse sin esperar una decisión general de política pública. La ley aporta un marco de actuación, pero la atención individual se determina por los mecanismos existentes y los procedimientos que se habiliten. La política también requiere distinguir disponibilidad de alimentos de acceso efectivo. Puede haber producción suficiente en un territorio y, aun así, hogares con dificultades económicas, barreras de transporte o falta de acceso a alimentos adecuados. Las medidas de donación pueden reducir pérdidas cuando los productos son aptos para consumo, se conservan correctamente y existe trazabilidad entre quien dona y quien recibe. Los procedimientos comunes deben orientar la clasificación, entrega y registro, sin debilitar las condiciones sanitarias.

El fondo creado por la ley es un instrumento de financiación de planes y proyectos, no un registro individual de beneficiarios. Su operación depende de la administración fiduciaria, las fuentes de recursos, los criterios de inversión y la selección de iniciativas conforme al marco legal. La evaluación pública puede observar qué programas se financiaron, qué territorios atendieron y qué resultados se midieron, diferenciando recursos comprometidos de alimentos efectivamente distribuidos.

Las organizaciones comunitarias y bancos de alimentos pueden contribuir a identificar necesidades y coordinar donaciones, pero deben seguir requisitos de manipulación y almacenamiento aplicables. Cuando un hogar requiere asistencia inmediata, debe consultar los programas sociales o canales territoriales que ya operan, sin esperar a que el fondo nacional habilite una convocatoria. La articulación entre política alimentaria, entidades locales y mecanismos de protección social determina cómo se traducen los objetivos legales en acciones.