La Ley 2454 de 2025 estableció nuevas garantías de bienestar para perros utilizados en vigilancia privada
La regulación reconoce que los animales empleados en actividades laborales están expuestos a riesgos y requieren condiciones de salud, descanso, transporte, alimentación y manejo compatibles con el bienestar animal. Las empresas de vigilancia, contratantes y autoridades deben revisar las obligaciones que la ley impone sobre la utilización de estos animales, el cuidado, la atención veterinaria y las condiciones de servicio.
Nuevas garantías para perros utilizados en vigilancia privada
La Ley 2454 de 2025 introdujo garantías de bienestar para perros utilizados en actividades de vigilancia privada e impulsó el uso de alternativas tecnológicas para determinadas tareas de inspección y seguridad. La regulación reconoce que los animales empleados en actividades laborales están expuestos a riesgos y requieren condiciones de salud, descanso, transporte, alimentación y manejo compatibles con el bienestar animal. También busca que el uso de perros se reserve para funciones donde resulte pertinente y se consideren opciones tecnológicas cuando permitan cumplir una finalidad sin someter animales a tareas innecesarias.
La Ley 2454 contempla garantías de bienestar para perros utilizados en vigilancia privada. El cumplimiento requiere atender las obligaciones concretas de los responsables y la normativa de protección animal, y no se agota en que una empresa tenga licencia para prestar servicios de seguridad.
La Ley 2454 incorpora medidas de bienestar animal
La norma no implica que todos los perros deban retirarse inmediatamente de cualquier función ni que toda empresa esté obligada a usar una tecnología específica sin valorar el trabajo requerido. Las exigencias particulares deben leerse en el texto legal y en las disposiciones regulatorias aplicables al sector de vigilancia y seguridad privada.
Para empresas de vigilancia, cuidadores y autoridades, estos asuntos pueden incidir en las condiciones de alojamiento, atención veterinaria, jornadas de actividad, manejo y responsabilidades por el bienestar del animal. No toda diferencia de criterio equivale automáticamente a una infracción demostrada.
Quien observe posibles incumplimientos puede documentar de forma segura la fecha, el lugar y los hechos, evitar exponerse a un riesgo y acudir a la autoridad de protección animal, ambiental o de policía competente según el caso. Los prestadores deben identificar los requisitos específicos y conservar registros de cuidado, atención y cumplimiento que exijan las normas aplicables.
Alcance jurídico y efectos de la decisión
Para los usuarios de servicios de vigilancia y las comunidades, la ley ofrece criterios para preguntar cómo se realiza una labor y qué medidas protegen a los animales. Las denuncias de posibles casos de maltrato deben documentar, en la medida de lo posible, el lugar, la fecha y las condiciones observadas, y dirigirse a las autoridades competentes. La finalidad de la norma combina seguridad y bienestar animal: mejorar la protección de los perros que continúen en servicio y promover alternativas donde sea razonable. La implementación depende de la supervisión y del cumplimiento de los sujetos obligados.
La regulación del bienestar de perros usados en vigilancia privada se debe aplicar junto con las obligaciones del servicio de vigilancia, las normas sanitarias y de protección animal. Las empresas responsables necesitan comprobar las condiciones de alojamiento, descanso, cuidado veterinario, entrenamiento y transporte que exijan las disposiciones aplicables. La finalidad de bienestar no reemplaza la supervisión de seguridad privada ni autoriza prácticas incompatibles con la protección animal. La aplicación se verifica mediante el texto legal, las reglas complementarias y la actuación de las autoridades que tengan competencia.
La Ley 2454 de 2025 aborda el bienestar de perros empleados en actividades de vigilancia privada y debe leerse junto con la normativa general sobre protección animal y prestación de servicios de vigilancia. No equivale a afirmar que todos esos animales quedaron prohibidos de manera inmediata en cualquier servicio. El alcance depende de las especialidades mencionadas por la ley, de sus disposiciones de transición y de los deberes que deben cumplir las empresas responsables. Desde la perspectiva práctica, una empresa debe revisar qué actividades puede desarrollar con apoyo canino, cómo acredita las condiciones de bienestar, qué controles veterinarios y de manejo exige la normativa y cómo ajusta sus procedimientos conforme a los plazos legales. Los ciudadanos pueden acudir a la autoridad de vigilancia o de protección animal cuando observen una posible infracción y aportar datos verificables sobre el lugar, la empresa y las condiciones observadas.
La implementación responsable también debe tomar en cuenta la relación entre bienestar animal y condiciones de trabajo en servicios de vigilancia. Los perros no son equipos desechables: deben recibir manejo, descanso y cuidado conforme a las reglas aplicables, y las empresas deben acreditar que cumplen las obligaciones que les corresponden. La transición normativa debe leerse cuidadosamente para determinar qué prácticas siguen autorizadas, cuáles requieren ajustes y qué autoridades inspeccionan su cumplimiento. Un ciudadano que observe un riesgo debe reportar información concreta en vez de publicar conclusiones legales por su cuenta.
El bienestar del animal y la calidad del servicio de vigilancia deben revisarse de manera conjunta, pero con base en deberes legales identificables. Las empresas deben ajustar protocolos de manejo, capacitación y supervisión a las exigencias normativas, y los ciudadanos deben denunciar hechos concretos ante la autoridad competente. La supervisión requiere que las condiciones de servicio puedan verificarse durante la jornada y no solo en documentos internos. El cuidado debe considerar el estado del animal y las tareas asignadas, y la empresa debe corregir prácticas que no se ajusten a los deberes legales. Las alternativas tecnológicas se valoran según el propósito de seguridad y las reglas aplicables a cada actividad.