Advertencia frente a cobros de intermediarios en trámites

El Ministerio de Justicia lanzó el 6 de febrero de 2026 un mensaje de prevención contra los cobros ilegales de intermediarios y, al mismo tiempo, anunció ajustes en su modelo de atención ciudadana. La advertencia es importante porque algunos tramitadores pueden aprovechar la complejidad de los procedimientos para prometer citas, documentos, decisiones favorables o supuestos contactos privilegiados. Pagar a un intermediario no garantiza que la gestión sea válida ni que la entidad adelante el trámite con mayor rapidez.

La alerta sobre cobros de tramitadores se relaciona con el acceso a canales oficiales y la prevención de fraudes que explotan la complejidad de los procedimientos.

Los canales oficiales son el punto de contacto institucional

El primer control consiste en identificar exactamente qué entidad tiene competencia y cuáles son sus canales oficiales, los requisitos publicados y, cuando proceda, las tarifas legalmente establecidas. Si alguien asegura tener influencia interna, exige transferencias a una cuenta personal o solicita claves y códigos de acceso, la persona debe desconfiar y no entregar datos sensibles. Los servicios públicos de información sobre trámites no deben confundirse con servicios privados de asesoría jurídica o representación, que pueden existir, pero deben quedar identificados como tales y explicar claramente su alcance y costo.

Entidades responsables y canales oficiales

Los inventarios, avisos de atención y guías institucionales cumplen una función distinta a la de una ley o una decisión administrativa: informan cómo acceder a un canal, ubicar un documento o presentar una solicitud. Su publicación no crea necesariamente un derecho nuevo ni modifica las competencias que establece la normativa. Para utilizarlos bien hay que revisar la entidad responsable, el horario o alcance del servicio, los medios oficiales disponibles y si el aviso se refiere a una contingencia temporal o a una reorganización permanente.

El mensaje oficial del Ministerio de Justicia advierte que ningún funcionario ni particular está autorizado para cobrar por agilizar los trámites de la entidad y que estos deben adelantarse por los canales oficiales. La advertencia se relaciona con riesgos frecuentes de suplantación: un tercero puede ofrecer contactos privilegiados, citas, certificados o decisiones favorables a cambio de una suma de dinero, sin que exista garantía de que la gestión sea real. El pago a un intermediario puede exponer también documentos personales o datos sensibles.

Ante una oferta sospechosa, conviene no compartir contraseñas, códigos de autenticación, datos bancarios ni originales de documentos sin una razón verificable. El ciudadano debe revisar si el trámite aparece en el sitio institucional, cuál es su costo oficial cuando lo tenga y qué canal se usa para radicarlo. Si ya hubo un pago o entrega de información, debe conservar comprobantes, mensajes, números telefónicos y datos de la cuenta receptora, y consultar a las autoridades que puedan recibir la denuncia.

La alerta no significa que toda asesoría privada sea ilegal. La distinción está en la transparencia del servicio, la autorización profesional cuando corresponda y la ausencia de promesas engañosas de influir en una autoridad. Un abogado puede prestar asesoría dentro de la ley, pero no garantizar un fallo ni cobrar por vender acceso a funcionarios. ### Cómo reconocer una oferta fraudulenta y proteger los datos

Un trámite legítimo debe poder identificarse en el sitio de la entidad responsable, junto con sus requisitos, canales y costos cuando exista una tarifa legal. Si una persona recibe un mensaje inesperado, puede verificar el número de radicación o la identidad del funcionario mediante los datos de contacto publicados por la institución, no mediante el enlace o teléfono incluido en el mismo mensaje sospechoso. Las cuentas personales para recibir pagos, la presión para actuar de inmediato y las promesas de una decisión favorable son señales para detener la gestión y comprobar la información.

Los documentos de identidad, poderes, certificados y datos financieros deben entregarse solo cuando el trámite los requiera y a través de un canal seguro. No se deben compartir contraseñas ni códigos de acceso, incluso si quien los solicita afirma que son necesarios para consultar un expediente. Si ya se entregó información, conviene conservar el mensaje, el número, el comprobante de pago y cualquier dato de la cuenta receptora, y contactar a la entidad o autoridad competente para limitar el riesgo.

Hay que distinguir la asesoría profesional legítima de la venta de influencias. Un abogado o asesor puede explicar opciones, preparar documentos y representar a una persona mediante un acuerdo transparente; no puede garantizar el resultado de una decisión pública ni vender acceso privilegiado a funcionarios. Antes de contratar, el usuario puede pedir por escrito el alcance del servicio, sus honorarios y la identificación del profesional. Esa claridad protege a quien necesita apoyo sin confundirlo con pagos exigidos para acceder a un trámite estatal.

El Ministerio informó además ajustes en su modelo de atención ciudadana. Para utilizar un canal nuevo, es importante verificar qué asuntos recibe, si la solicitud requiere cita o radicación y qué constancia genera. Un directorio o guía institucional facilita el acceso, pero no modifica la competencia legal de otras autoridades. Si el asunto corresponde a otra entidad, el ciudadano debe confirmar la ruta de remisión y conservar el número de seguimiento.

Quien detecte un cobro fraudulento puede reportarlo con datos verificables, como fecha, medio de contacto y ofrecimiento recibido, evitando publicar información personal de terceros. La denuncia permite que las autoridades valoren los hechos, pero no garantiza por sí sola una decisión inmediata. El registro documental ayuda a explicar lo ocurrido y a proteger a otras personas frente a mensajes similares.