El Ministerio refuerza sus canales de atención y alerta contra los tramitadores

El Ministerio de Justicia informó el 6 de febrero de 2026 que fortalecería y rediseñaría su modelo de atención ciudadana. Según la entidad, el cambio busca ordenar los canales de servicio, ofrecer información más clara sobre requisitos y tiempos y reducir los espacios en los que pueden operar intermediarios. El anuncio se presentó junto con una advertencia: ningún funcionario ni particular está autorizado para cobrar dinero con la promesa de acelerar un trámite.

La comunicación ministerial pidió a las personas realizar las gestiones directamente en las oficinas o por medio de los canales oficiales. Una oferta de rapidez a cambio de un pago por fuera de esos canales es una señal de posible fraude, no un servicio autorizado por el Ministerio. La entidad señaló que las investigaciones penales y disciplinarias relacionadas con cobros presuntamente irregulares seguían su curso; el anuncio no anticipa su resultado ni atribuye responsabilidad definitiva a personas determinadas.

Los cobros oficiales dependen del trámite

La advertencia no significa que todos los servicios del Ministerio tengan el mismo régimen de costos. La entidad enumeró trámites gratuitos, entre ellos la insolvencia de persona natural no comerciante, los servicios de consultorios jurídicos, la repatriación de personas condenadas, los indultos, la creación de centros de conciliación o arbitraje y los avales de formación en conciliación. Para esos servicios, una persona externa no está autorizada a cobrar por hacer la gestión.

El Ministerio también identificó servicios que sí tienen tarifas oficiales, como el certificado de carencia por estupefacientes, las autorizaciones para sustancias químicas y las licencias relacionadas con cannabis. En esos casos, los pagos deben efectuarse exclusivamente por plataformas del Gobierno. La diferencia relevante para el usuario es entre una tarifa establecida y pagada por el canal estatal, y un cobro privado que ofrece supuestamente acelerar el proceso.

Servicios digitales y canales de denuncia

La entidad indicó que algunos servicios pueden adelantarse o consultarse en línea, incluidos trámites relacionados con insolvencia, conciliación y avales. También recomendó revisar los tiempos aplicables a cada proceso, pues unos se cuentan en días hábiles y otros en días calendario. La disponibilidad digital no elimina los requisitos propios del trámite ni modifica por sí sola sus plazos.

Para reportar intentos de cobro irregular, el Ministerio publicó los correos denunciascorrupcion@minjusticia.gov.co, secretaria.general@minjusticia.gov.co y servicio.ciudadano@minjusticia.gov.co, además de la Ventanilla Única Virtual y la línea (601) 444 31 00, extensión 1310. Estos son los canales que la entidad identificó en su comunicado; antes de compartir información personal o efectuar un pago, conviene comprobar que el contacto corresponde a un canal institucional.

Alcance del anuncio

El comunicado describe el rediseño del modelo de atención como una medida para estandarizar información y orientar a los usuarios sobre las gestiones de competencia del Ministerio. No presenta cifras de implementación ni resultados medidos. Por ello, el anuncio permite conocer los objetivos del cambio y la alerta contra intermediarios, pero no demuestra por sí solo que todos los canales ya estén disponibles o que cada trámite tenga idénticos tiempos y requisitos.

Atención ciudadana y trazabilidad de las gestiones

Un modelo de atención reúne los medios por los que una persona obtiene información, presenta una solicitud y conoce el estado de una gestión. Para que el rediseño anunciado sea útil, los canales deben explicar qué trámites corresponden al Ministerio, qué requisitos se solicitan y cómo se comunica una respuesta. La entidad señaló que el fortalecimiento busca ordenar el servicio; el comunicado no detalla resultados posteriores ni permite concluir que todos los cambios ya se encuentren operativos. Esa diferencia entre objetivo anunciado e implementación efectiva debe mantenerse al informar sobre el tema.

La advertencia contra intermediarios se relaciona con la promesa de conseguir una cita, acelerar una respuesta o asegurar un resultado a cambio de dinero. Ese cobro no debe confundirse con una tarifa oficial: cuando un trámite tenga costo, la entidad debe identificar el valor y el canal autorizado para pagarlo. Si se solicita dinero por un servicio que el Ministerio informó como gratuito, o se exige transferirlo a una cuenta personal, la persona debe verificar la información directamente con la entidad antes de entregar datos o recursos.

Una gestión ordenada deja constancia de la fecha, el canal utilizado y el número o comprobante de radicación, cuando se genere. Estos datos ayudan a dar seguimiento y a explicar una dificultad sin depender de un tercero. La entidad publicó varios correos, una ventanilla virtual y un número telefónico para recibir comunicaciones; conviene comprobar en los canales institucionales que siguen vigentes antes de enviar documentación personal. El fortalecimiento del servicio también requiere que las respuestas indiquen con claridad si la solicitud fue recibida, qué dependencia la tramita y cuál es el paso siguiente, dentro de las reglas aplicables a cada procedimiento.